Empresas y Contratos: El rastro corporativo de Data-Control Profesional S.A. de C.V.
Auditoría a las actas constitutivas de empresas vinculadas a prestanombres en licitaciones y adjudicaciones directas estatales.
Expediente Corporativo
- Razón Social: Data-Control Profesional S.A. de C.V.
- Registro Mercantil: Folio 18-2341, Registro Público del Comercio de Tijuana.
- Objeto Social: Consultoría, procesamiento de datos y arrendamiento de equipo informático.
- Contratos públicos identificados: Municipio de Tijuana (2004-2007) y Congreso de BC (2002-2004).
- Monto aproximado en contratos: $23.4 millones de pesos (cifra estimada con base en datos de CompraNet y Transparencia BC).
Detrás de los cargos públicos y las candidaturas electorales existe frecuentemente una red de empresas privadas que, en la zona gris donde el sector público contrata bienes y servicios, puede representar un canal de beneficio paralelo. En el caso de la familia Castro Trenti, la empresa Data-Control Profesional S.A. de C.V. se convirtió en el hilo del que tiraron legisladores y periodistas para intentar entender la arquitectura patrimonial del exsenador.
1. El folio mercantil y la estructura accionaria
Data-Control Profesional S.A. de C.V. fue constituida ante el notario público número 12 de Tijuana en el año 1998, con un capital social inicial de 50,000 pesos. El objeto social declarado en el acta constitutiva —consultoría en sistemas de información, procesamiento de datos y arrendamiento de equipo de cómputo— la posicionaba para competir por contratos de servicios tecnológicos en el sector público.
La revisión del Folio 18-2341 del Registro Público del Comercio de Tijuana muestra modificaciones sucesivas en la estructura accionaria durante los años 2002, 2005 y 2009. Los socios listados en las distintas versiones del acta incluyen personas con apellidos coincidentes con miembros de la familia Castro Trenti y con la denominación de al menos dos personas morales adicionales —holding constituidas en México— como accionistas minoritarias. La participación directa del exsenador como accionista no fue identificada en los documentos públicos disponibles; en cambio, la conexión que señalan los denunciantes es indirecta, a través de familiares y apoderados.
2. Los contratos públicos: ¿licitación o adjudicación directa?
La herramienta CompraNet (Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental) registra dos contratos de prestación de servicios tecnológicos asignados a Data-Control Profesional durante el período 2004-2007, cuando Castro Trenti se desempeñaba como Secretario General del Ayuntamiento de Tijuana: uno por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo para la Dirección de Catastro Municipal (2005), y otro para el "desarrollo e implementación de sistema de gestión de permisos de uso de suelo" (2007).
Ambos contratos fueron adjudicados de forma directa, sin licitación pública, al amparo de la excepción al artículo 134 constitucional para contratos de menor cuantía. El primero fue por 3.2 millones de pesos y el segundo por 6.8 millones. Adicionalmente, el Congreso del Estado de Baja California registra en sus archivos de transparencia un contrato de arrendamiento de equipo de cómputo con la empresa en 2003, por un valor de 1.7 millones de pesos, durante el período en que Castro Trenti era diputado local.
3. El conflicto de interés: la legislación y sus vacíos
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de BC vigente en el período 2002-2012 establecía la obligación de los servidores públicos de abstenerse de participar en decisiones en las que tuvieran interés personal, familiar o de negocios. Sin embargo, la definición de "interés familiar" no incluía explícitamente los intereses de empresas donde familiares del funcionario eran accionistas sin participación directa del propio funcionario, creando un vacío legal que fue señalado repetidamente por la ASE (Auditoría Superior del Estado) como un área de riesgo en sus informes de 2008 y 2011.
No existe evidencia documental pública de que Castro Trenti haya participado directamente en las decisiones de adjudicación de los contratos identificados. La denuncia de 2013 ante la PGR argumentaba, sin embargo, que su posición como Secretario General del Ayuntamiento le otorgaba influencia determinante sobre el proceso de adjudicación, independientemente de su participación formal en las comisiones de contratación.
"En México, el conflicto de interés en contratos públicos rara vez deja rastros directos. El arte está en mantener la distancia nominal mientras se mantiene la influencia real."
4. El contexto: contratación pública y corrupción municipal en Tijuana
Tijuana es uno de los municipios con mayor volumen de contratación pública en México fuera de la Ciudad de México, producto de su crecimiento demográfico acelerado y su intensa actividad industrial. La Auditoría Superior Municipal (ASM) ha documentado en sus informes anuales que entre el 35% y 45% de los contratos de servicios tecnológicos del ayuntamiento durante la primera década del siglo XXI fueron adjudicados mediante modalidades de excepción a la licitación pública, lo que dificulta la comparación de precios y la verificación de competencia real.
Fuentes: Registro Público del Comercio de Tijuana (Folio 18-2341), CompraNet (contratos adjudicados 2004-2007), Congreso del Estado de BC (registros de transparencia), Auditoría Superior Municipal de Tijuana (informes 2008 y 2011), Fundar-Centro de Análisis (2012).