◆ ÚLTIMA HORA
Señalan presunta operación desde el Ejecutivo y Congreso para impulsar a JulietaEntre críticas por seguridad y una entrevista polémica, Burgueño enfrenta cuestionamientosCastro Trenti cuestiona encuestas y señala presunta operación para afectar su posicionamientoEvangelina Moreno, una pieza cercana al grupo de Carlos Torres rumbo a 2027Denuncia de derechos humanos por parte de la hija de Ernesto Ruffo ante la CNDHLa Red del Cártel de Tijuana: Las declaraciones de Arellano Félix sobre Francisco Castro TrentiSeñalan presunta operación desde el Ejecutivo y Congreso para impulsar a JulietaEntre críticas por seguridad y una entrevista polémica, Burgueño enfrenta cuestionamientosCastro Trenti cuestiona encuestas y señala presunta operación para afectar su posicionamientoEvangelina Moreno, una pieza cercana al grupo de Carlos Torres rumbo a 2027Denuncia de derechos humanos por parte de la hija de Ernesto Ruffo ante la CNDHLa Red del Cártel de Tijuana: Las declaraciones de Arellano Félix sobre Francisco Castro Trenti
martes, 18 de agosto de 2026BUSCAR

Señalan presunta operación desde el Ejecutivo y Congreso para impulsar a Julieta

Versiones políticas señalan un presunto respaldo operativo y de funcionarios estatales hacia la campaña de Julieta Ramírez, en medio del reacomodo del grupo gobernante de Mexicali.

R
18 AGO 20263 min lectura6,051 lecturas
Señalan presunta operación desde el Ejecutivo y Congreso para impulsar a Julieta

Mexicali, Baja California.— En los círculos políticos de Baja California ha comenzado a tomar fuerza el señalamiento de que la campaña de la senadora Julieta Ramírez estaría recibiendo respaldo político y operativo directo por parte de funcionarios y representantes vinculados tanto con dependencias del Gobierno del Estado como con el Congreso local.

De acuerdo con versiones que circulan en el ámbito político estatal, en esta presunta estructura de apoyo participarían perfiles identificados con la administración pública, entre ellos Armando Carrasco, titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); Douglas, relacionado con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE); Netza Jáuregui, exsecretario de Bienestar; y el diputado local Jaime Cantón Rocha.

Vínculos y cercanía en la cúpula gobernante

Lo que resulta plenamente verificable en los registros institucionales es la cercanía política y profesional de estos personajes con el grupo gobernante. Armando Carrasco encabeza la dirección general de la CESPM, ocupando una posición clave en la administración paraestatal.

En el caso del diputado Jaime Cantón Rocha, registros públicos confirman que fungió como secretario particular de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante el inicio de su gestión constitucional y posteriormente asumió la Coordinación General de Gabinete antes de llegar a la legislatura.

Por su parte, Netza Jáuregui Santillán se ha desempeñado como uno de los operadores políticos de mayor confianza y cercanía con la mandataria estatal desde su periodo en la alcaldía mexicalense y posterior administración estatal.

Una estructura con sello de Mexicali rumbo al relevo

El núcleo de los análisis y versiones políticas apunta a que estos liderazgos forman parte de una misma corriente de operación originada en la capital del estado, estrechamente vinculada al entorno político de Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres.

Desde esta perspectiva, el proyecto político en torno a Julieta Ramírez es interpretado por diversos observadores como una extensión estratégica de dicho bloque de poder, orientada a preservar influencia decisiva y control estructural rumbo a los próximos procesos electorales y la renovación gubernamental.

Analistas coinciden en que no se trataría simplemente de una candidatura aislada, sino de una estrategia de consolidación y continuidad de un grupo que ha afianzado posiciones neurálgicas en el Poder Ejecutivo, organismos paraestatales y la bancada mayoritaria en el Congreso local.

Especialistas en materia electoral subrayan la importancia fundamental de distinguir entre la simpatía política o el activismo partidista legítimo y el eventual uso indebido de recursos, personal o infraestructura pública, aspecto este último que obligaría a deslindar responsabilidades legales de comprobarse irregularidades.