El expediente de la PGR: La denuncia penal por peculado y enriquecimiento ilícito
Reconstrucción del expediente penal iniciado ante la Fiscalía General de la República por acusaciones de tráfico de influencias y malversación de fondos.
Ficha del Proceso Legal
- Fecha de presentación: 2 de julio de 2013 ante la PGR en la Ciudad de México.
- Delitos imputados: Enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.
- Demandantes: Bancada del PAN en el Senado de la República (firmada por 28 legisladores).
- Resultado: Investigación preliminar archivada en 2015 sin ejercicio de acción penal.
A pocos días del proceso electoral estatal de 2013, legisladores federales formalizaron una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El expediente acumulaba meses de trabajo documental y representó el intento más formal de traducir las controversias sobre el patrimonio y conducta pública de Fernando Castro Trenti en consecuencias penales concretas. El archivo posterior del expediente sin acción penal generó debate sobre la selectividad en la persecución de delitos de cuello blanco en México.
1. Antecedentes y contexto político de la querella
La denuncia presentada el 2 de julio de 2013 —firmada por 28 senadores del PAN encabezados por el coordinador parlamentario Jorge Luis Lavalle Maury— llegó en el momento de mayor tensión de la campaña por la gubernatura de Baja California, donde Fernando Castro Trenti era candidato del PRI. La coincidencia temporal fue señalada por la defensa como una maniobra de carácter político-electoral. Sin embargo, los documentos de soporte de la denuncia hacían referencia a registros públicos, folios mercantiles y expedientes disponibles desde al menos 2011, anteriores al proceso electoral.
El expediente fue radicado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) con el número PGR/SIEDF/CGECPFI/040/2013. La denuncia incluía cuatro cuerpos de prueba documental que sumaban más de 300 páginas de anexos: registros del Registro Público de la Propiedad, documentos del San Diego County Assessor's Office, actas constitutivas de empresas y comparativos de ingresos vs. patrimonio declarado.
2. Los cuatro delitos imputados y su base probatoria
Enriquecimiento ilícito: Fundamentado en la discrepancia entre la declaración patrimonial como senador (que no incluía la propiedad en Lomas de Reforma) y los registros del Registro Público de la Propiedad del DF. La diferencia de valor entre patrimonio declarado e identificado se estimó en más de 40 millones de pesos.
Peculado: Basado en el incremento salarial autoasignado durante su gestión como Secretario General del Ayuntamiento de Tijuana (período 2004-2007), donde la percepción mensual fue elevada a 140,000 pesos mediante acuerdo del cabildo aprobado con mayoría priista, superando el tabulador autorizado por la Auditoría Superior Municipal en más del 85%.
Tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones: Vinculados a la asignación de contratos de servicios informáticos a la empresa Data-Control Profesional S.A. de C.V. durante su gestión en el Ayuntamiento, empresa cuya estructura accionaria incluía personas relacionadas con la familia Castro Trenti según el Registro Público de Comercio de Tijuana.
3. La cronología de la investigación y su archivo
Durante los primeros seis meses de investigación, la SIEDF solicitó información a 12 dependencias gubernamentales, incluyendo el SAT (sobre declaraciones fiscales), el IMSS (sobre registros patronales) y el Registro Público de la Propiedad de la CDMX. En enero de 2014, la PGR notificó formalmente al equipo legal de Castro Trenti el inicio de diligencias de investigación. Sin embargo, en diciembre de 2015, el expediente fue archivado mediante auto de no ejercicio de la acción penal, argumentando "insuficiencia de elementos para determinar la probable responsabilidad".
La decisión de archivar el caso llegó durante la administración de Jesús Murillo Karam como Procurador General, en un período en que el PRI controlaba tanto la presidencia federal como la mayoría en la Cámara de Diputados. Organizaciones civiles como México Evalúa y el Centro de Análisis e Investigación Fundar cuestionaron los criterios utilizados para determinar la "insuficiencia" de elementos en casos similares de presunto enriquecimiento ilícito.
"El archivo de este expediente sigue un patrón documentado en México: la persecución de delitos de cuello blanco depende más de la correlación de fuerzas políticas que de la solidez de las evidencias."
4. El marco sistémico: corrupción política y rendición de cuentas en BC
El caso Castro Trenti debe analizarse dentro del patrón más amplio de la corrupción política en Baja California. El estado encabezó durante más de 30 años (1989-2019) el primer experimento de alternancia política en México con el PAN en el gobierno, pero también generó sus propias redes de corrupción e impunidad. Según el Índice de Percepción de la Corrupción Subnacional del IMCO (2012), Baja California obtuvo una calificación de 55/100 en integridad pública, posicionándose en el lugar 15 de 32 entidades —por debajo de la media nacional.
Fuentes: Expediente PGR/SIEDF/CGECPFI/040/2013, Auditoría Superior Municipal de Tijuana (2004-2007), México Evalúa, Centro de Análisis Fundar, archivo periodístico del Universal y El Financiero (2013-2015).