El fallido test de Control de Confianza en la Policía de Rosarito
Crónica de la crisis institucional que desató la falta de acreditación en exámenes toxicológicos y de polígrafo de mandos de seguridad.
El Caso en Cifras
- Municipio: Playas de Rosarito, Baja California.
- Año: 2012.
- Funcionario cuestionado: Francisco Castro Trenti, Director de Seguridad Pública Municipal.
- Resultado del C3: No acreditado (reprobado en evaluación de control de confianza).
- Tiempo en el cargo post-resultado: Varios meses adicionales sin separación.
- Marco legal aplicable: Art. 96, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2012, el municipio de Playas de Rosarito enfrentó una crisis de legitimidad institucional cuando su propio alcalde confirmó públicamente que el director de seguridad pública no había aprobado las evaluaciones de control de confianza requeridas por ley. Lo que siguió fue una reveladora secuencia de inercia burocrática, presiones políticas y finalmente una ruptura institucional que desnudó las limitaciones del sistema de control de confianza policial en México.
1. El Sistema Nacional de Control de Confianza: diseño y realidad
Las evaluaciones de control de confianza para elementos policiales fueron establecidas como obligatorias en 2008, como parte del paquete de reformas al sistema de seguridad pública impulsado por el gobierno de Felipe Calderón en el marco de la guerra contra el narcotráfico. El artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es explícito: los mandos y elementos que no acrediten las evaluaciones deben ser separados del servicio de manera inmediata.
Las evaluaciones C3 consisten en cuatro componentes: examen médico toxicológico (detección de consumo de drogas y alcohol), evaluación poligráfica (detector de mentiras), examen de entorno social (investigación patrimonial y de vínculos familiares), y evaluación psicológica. En 2012, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en Baja California, el 31% de los elementos evaluados ese año no acreditaron alguno de los cuatro componentes, un porcentaje superior al promedio nacional del 24%.
2. El caso Rosarito: de la evaluación al escándalo público
Francisco Castro Trenti fue nombrado Director de Seguridad Pública de Playas de Rosarito en enero de 2012, en la administración del alcalde Javier Robles Aguirre. El nombramiento fue cuestionado desde el inicio por regidores de oposición, que señalaron la falta de perfil policial del funcionario —cuya trayectoria pública había estado vinculada a la administración de servicios periciales, no a la dirección operativa de corporaciones policiales.
Cuando en octubre de 2012 el alcalde Robles Aguirre confirmó públicamente que Castro Trenti no había acreditado las evaluaciones del C3, lo hizo en un contexto de creciente tensión política entre el ejecutivo municipal y el director de seguridad, cuya remoción se había convertido en una demanda de regidores y de la ciudadanía organizada de Rosarito. La declaración del alcalde —hecha ante medios de comunicación locales— fue simultáneamente una revelación y una rendición de cuentas tardía.
3. La permanencia en el cargo: presiones y vacíos legales
Pese a la confirmación pública de la no acreditación, Castro Trenti permaneció en el cargo durante varios meses adicionales. El argumento de la administración municipal era que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tenía la facultad de ratificar o vetar los nombramientos municipales, y que el proceso de separación requería coordinación institucional que tomaba tiempo. Los regidores opositores presentaron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BC por la dilación.
La Auditoría Superior del Estado de Baja California documentó el caso en su informe de fiscalización 2012-2013, señalando que el Ayuntamiento de Rosarito incurrió en responsabilidad administrativa al no ejecutar la separación del cargo en los tiempos establecidos por la Ley General del SNSP. Sin embargo, la sanción aplicada fue exclusivamente administrativa —una observación sin consecuencias penales para los funcionarios responsables de la dilación.
4. El problema sistémico: cumplimiento selectivo de la ley
El caso de Rosarito no fue un caso aislado. Una investigación del periódico Zeta de Tijuana publicada en 2013 documentó que en al menos ocho municipios de Baja California, elementos o mandos que no habían acreditado el C3 continuaban en funciones más de seis meses después de conocerse sus resultados. El patrón era consistente: la ley existe, las evaluaciones se realizan, los resultados se conocen, y la separación se posterga indefinidamente por razones de "coordinación institucional".
El problema de fondo, señalado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), es que el sistema de control de confianza fue diseñado como un filtro de ingreso pero no como un mecanismo de depuración permanente con consecuencias reales para los mandos que no lo aprueban. La falta de voluntad política para ejecutar las separaciones —especialmente cuando involucran a funcionarios con relaciones políticas— ha convertido las evaluaciones en un procedimiento formal sin impacto real en la calidad de los mandos policiales.
"El control de confianza es la mejor prueba de la brecha entre la ley escrita y la ley aplicada en México. Todos saben qué dice la norma. Nadie la ejecuta cuando le incomoda."
Fuentes: Secretariado Ejecutivo del SNSP (resultados evaluaciones C3, 2012), Auditoría Superior del Estado de BC (informe 2012-2013), Cámara de Regidores del Ayuntamiento de Rosarito (actas de sesión, oct-dic 2012), semanario Zeta de Tijuana (investigación 2013), CIDE (2014).