El presupuesto del Senado y la controversia por guerra de filtraciones
Las acusaciones periodísticas en torno al manejo de fondos institucionales de la Comisión de Administración en la Cámara Alta.
Datos del Expediente
- Fuente del señalamiento: Portal Índice Político, noviembre de 2024.
- Comisión involucrada: Comisión de Administración del Senado de la República.
- Monto señalado: Aproximadamente 12 millones de pesos en contratos de comunicación.
- Solicitudes de transparencia presentadas: 14 (INAI y órgano de transparencia del Senado).
En el otoño de 2024, mientras el Congreso de México debatía las reformas más ambiciosas en décadas —incluyendo la controversial modificación al Poder Judicial— una controversia de menor perfil mediático pero significativa en términos de integridad institucional emergió desde el Senado de la República: el uso de recursos presupuestales para financiar estrategias de comunicación política a través de contratos opacos.
1. El señalamiento de Índice Político y la reacción institucional
El portal de análisis político Índice Político, dirigido por Francisco Garfias y con seguimiento entre operadores políticos capitalinos, publicó el 15 de noviembre de 2024 un reporte que señalaba presuntas irregularidades en la asignación de contratos de comunicación y relaciones públicas desde la Comisión de Administración del Senado de la República. Según el reporte, al menos 12 millones de pesos habrían sido canalizados a través de contratos de "servicios de asesoría en comunicación institucional" a empresas cuyo perfil de operación correspondía, en la práctica, a agencias de posicionamiento político para legisladores específicos.
El Senado de la República respondió al reporte mediante un comunicado que calificaba las acusaciones de "infundadas y motivadas por intereses políticos". La Comisión de Administración, presidida por un senador de Morena, solicitó formalmente una auditoría interna. Sin embargo, la composición de la comisión auditora —integrada en su mayoría por legisladores del partido en el gobierno— generó dudas sobre la independencia del proceso.
2. La mecánica de los contratos opacos en el Senado
El Senado de la República tiene uno de los presupuestos de comunicación institucional más elevados del poder legislativo latinoamericano: para el ejercicio 2024, el capítulo 3000 (servicios generales) destinado a comunicación social ascendió a 387 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado. La distribución específica de estos recursos entre contratos directos y licitados, y los criterios para la selección de proveedores, ha sido sistemáticamente opaca para los mecanismos de acceso a la información.
De las 14 solicitudes de información presentadas ante el órgano de transparencia del Senado y el INAI entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, doce recibieron respuestas parciales o fueron clasificadas como información reservada bajo el argumento de "privacidad de datos de terceros contratantes". El INAI ordenó en febrero de 2025 la desclasificación de seis contratos; sin embargo, los montos específicos y los nombres de las personas físicas beneficiarias permanecieron sin revelar por omisión en la entrega de información.
3. El nexo con Baja California
La relevancia de esta controversia para Baja California se debe a que Fernando Castro Trenti, entonces diputado federal por Morena, fue señalado por Índice Político como uno de los legisladores que habría utilizado contratos de comunicación del Senado —durante su período como senador (2006-2012)— como mecanismo de financiamiento de su estructura política en el estado. La acusación no tenía sustento documental público en el momento de la publicación, y el equipo de comunicación del diputado la rechazó categóricamente calificándola de "denuncia falsa con motivación electoral clara".
4. El debate más amplio: transparencia en los presupuestos legislativos
Más allá del caso específico, la controversia abrió un debate sobre la opacidad endémica en el ejercicio del presupuesto legislativo en México. A diferencia del poder ejecutivo, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene amplias facultades de fiscalización y donde la Secretaría de Hacienda publica información detallada de ejercicio presupuestal, el poder legislativo opera con mayor autonomía para definir sus propios criterios de transparencia y rendición de cuentas.
El portal de transparencia del Senado —www.senado.gob.mx/transparencia— publica los contratos suscritos de forma agregada pero sin desglose del beneficiario final en contratos de prestación de servicios profesionales, lo que dificulta la identificación de potenciales conflictos de interés. Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana han señalado esta opacidad como uno de los principales obstáculos para la fiscalización ciudadana de los recursos legislativos.
"Los presupuestos del poder legislativo son el punto ciego de la transparencia en México. Tenemos más información sobre los contratos de una delegación federal en un estado que sobre el gasto del Senado en comunicación."
Fuentes: Portal Índice Político (noviembre 2024), Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (capítulo 3000 Senado), INAI (resoluciones de desclasificación febrero 2025), México Evalúa, Transparencia Mexicana.