La sombra en el Poder Judicial: Los señalamientos en la red de magistrados de BC
Investigación sobre las críticas generadas al posicionarse como vocero de la reforma judicial habiendo sido señalado previamente por influencias en tribunales locales.
El Sistema Judicial en Baja California
- Magistrados en el TSJBC: 20 magistrados numerarios al cierre de 2025.
- Periodo de designación: 6 años renovables por el Congreso local.
- Índice de impunidad CIDE 2024: Baja California ocupa el lugar 18 de 32 en independencia judicial percibida.
- Reforma judicial 2024: Implementación parcial de elección popular de jueces en BC a partir de 2025.
Durante los debates legislativos en torno a la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación aprobada en 2024, la figura de Fernando Castro Trenti volvió al centro del debate en Baja California —esta vez como portavoz legislativo de una reestructuración que afectaría directamente a magistrados y jueces cuya designación, según reportes periodísticos especializados, habría estado históricamente influenciada por redes de poder político a las que el propio Castro Trenti estuvo vinculado.
1. El Tribunal Superior de Justicia de BC y los cuestionamientos históricos
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California (TSJBC) es el órgano de máxima autoridad judicial en el fuero local. Sus 20 magistrados son designados por el Congreso estatal mediante un proceso que, en teoría, evalúa méritos académicos y trayectoria profesional, pero que en la práctica ha sido documentado como susceptible a presiones políticas desde los tiempos del monopolio priista en el estado.
Investigaciones publicadas por el portal Punto Norte entre 2018 y 2021 documentaron que durante al menos tres períodos de designación de magistrados (2005, 2011 y 2017), grupos de poder político con influencia en el Congreso local habrían negociado cuotas de designación, garantizando que ciertos perfiles con fidelidades específicas ocuparan las salas civiles y familiares del tribunal. Los magistrados señalados negaron en todos los casos cualquier vínculo irregular con figuras políticas.
2. El contraste: reformar lo que se construyó
La paradoja señalada por colegios de abogados de Tijuana y Mexicali es precisa: Castro Trenti, como diputado federal por Morena, votó a favor de la reforma constitucional que modifica el sistema de designación de jueces y magistrados federales, introduciendo la elección popular como mecanismo de selección. Esta reforma, presentada por el gobierno como una democratización de la justicia, fue criticada por organismos internacionales como la CIDH y el Relator Especial de la ONU sobre independencia judicial por su potencial de aumentar la politización del poder judicial.
El punto de tensión identificado por los abogados litigantes es doble: por un lado, Castro Trenti promueve la elección popular de jueces a nivel federal; por el otro, su trayectoria política en BC está vinculada, según reportes de Punto Norte, a procesos de designación de magistrados locales donde la negociación política habría sido el mecanismo real de selección. La portavocía institucional de una reforma judicial sin una evaluación pública de su propio historial en la materia fue el eje de las críticas de los colegios de abogados.
3. Los juzgados civiles y familiares: el microcosmos de la influencia judicial
Los juzgados familiares y civiles del Poder Judicial de BC —los que atienden divorcios, custodias, herencias y contratos— son, según la percepción de los abogados litigantes, el espacio donde la influencia política en el sistema judicial se hace más tangible en el día a día. Una encuesta del Colegio de Abogados de Tijuana (2023) reveló que el 67% de los abogados litigantes en el fuero local afirmaron haber "percibido" alguna forma de presión externa sobre resoluciones judiciales en al menos un caso durante los últimos tres años.
La percepción de parcialidad no se traduce automáticamente en corrupción documentable: la diferencia entre una resolución influenciada políticamente y una resolución técnicamente discutible es precisamente el espacio donde opera la impunidad judicial. Las grabaciones, testimonios y expedientes que permitirían establecer causalidades directas rara vez llegan a instancias públicas.
"En Baja California, la independencia judicial existe en los textos constitucionales. En los pasillos del tribunal, depende de quién te conoce y quién te debe favores."
4. La reforma judicial de 2024 y su implementación en BC
La reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024 estableció la elección popular de jueces y magistrados federales a partir de 2025. En Baja California, el proceso se implementará en dos fases: una primera elección extraordinaria en junio de 2025 para 8 de las 15 posiciones de jueces de distrito, y una segunda ronda en 2026 para los restantes cargos y los magistrados de circuito. Organizaciones civiles como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDH) y el Observatorio Ciudadano Judicial de BC monitorean el proceso para detectar intervención de partidos políticos en las candidaturas ciudadanas.
Fuentes: Punto Norte (investigaciones 2018-2021), Colegio de Abogados de Tijuana (encuesta 2023), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, pronunciamiento sobre reforma judicial 2024), Congreso local de BC (actas de designación de magistrados).